La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una consulta que busca impugnar la reforma judicial de septiembre de 2023. Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno ha decidido estudiar la petición de un grupo de jueces y magistrados que cuestionan la iniciativa.
La Corte considera que debe “velar por la autonomía y por la independencia de los órganos de la judicatura federal”
Contexto de la reforma judicial
La reforma, aprobada en sesión del Senado el 11 de septiembre, representa la transformación más amplia del poder judicial desde 1994. Su principal enfoque es la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN. Al día siguiente de su aprobación, un grupo de jueces de distrito y magistrados presentó la consulta ante la Corte.
El texto presentado destaca que la reforma “afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación”. Este llamado a la Corte busca asegurar que las decisiones y procesos judiciales no sean vulnerados.
Proceso de análisis
La consulta fue presentada a la Ministra Presidenta, Norma Piña, quien optó por elevarla al Pleno para su consideración. El ministro José Luis González Alcántara Carrancá fue designado para su análisis inicial. Su propuesta argumentó que la consulta es admisible según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo estipula que el Pleno debe velar por la independencia de los órganos del Poder Judicial.
Las opiniones dentro de la Corte fueron diversas. La ministra Yasmín Esquivel argumentó en contra de la admisión, indicando que la consulta fue presentada antes de la promulgación oficial de la reforma. Por otro lado, la ministra Lenia Batres criticó la decisión, alegando que podría abrir la puerta a un “golpe de Estado” legal al permitir que la Corte revise cualquier reforma constitucional.
En contraste, la ministra Margarita Ríos Farjat ve esta situación como una oportunidad para enriquecer el debate constitucional en México. Su postura resalta la importancia de discutir estas reformas y sus implicaciones.
Futuras implicaciones
La decisión del pleno no implica un juicio sobre la reforma misma, sino que establece que un ponente preparará un proyecto para su revisión. El análisis completo de la reforma y sus efectos se discutirá en futuras sesiones del Pleno.
La Suprema Corte apunta que esta decisión es parte de su compromiso de proteger la autonomía judicial y garantizar que las reformas legislativas respeten los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.
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